El defensor indígena murió tras recibir al menos siete disparos. Las alertas de la ONU y su incorporación al mecanismo federal no evitaron el ataque.
México.- El activista indígena maya tzotzil Reynaldo Pérez Pérez fue asesinado la tarde del miércoles 28 de octubre de 2026 en Yabteclum, municipio de Chenalhó, pese a estar incorporado desde 2023 al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal. Las amenazas y agresiones contra él habían motivado alertas de relatores de la ONU: la protección formal no evitó su muerte.
Alrededor de las 16:00 horas, dos sujetos no identificados a bordo de una motocicleta se acercaron al defensor en un taller mecánico y le dispararon a quemarropa al menos siete veces con arma corta. Pérez Pérez murió en el lugar y los agresores huyeron.
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca confirmó la identidad de la víctima, la participación de dos sujetos en motocicleta y el levantamiento del cuerpo por la Fiscalía Indígena. Anunció que se revisarán cámaras y prometió que “no habrá impunidad”, aunque reconoció que todavía no existe una línea de investigación clara ni indicios de un móvil político. Esa falta de indicios no equivale a descartar una hipótesis.
Las alertas estaban sobre la mesa. Relatores de la ONU habían advertido al Estado mexicano en 2025 —y desde 2022— sobre amenazas de muerte, un intento de desaparición y ataques armados contra Pérez Pérez y otro defensor. Expertos del organismo también habían cuestionado la suficiencia de las medidas de protección.
El activista contaba con teléfono satelital y botón de pánico. Su asesinato obliga a preguntar qué evaluación de riesgo sustentaba esas medidas y si eran suficientes frente a las amenazas denunciadas; la información disponible no permite establecer cómo operaron durante el ataque.
Pérez Pérez representaba a unas 63 familias tzotziles desplazadas en junio de 2022 de Santa Martha (Santa Marta) por grupos señalados como paramilitares, que permanecían refugiadas en Polhó. También mediaba en conflictos territoriales entre Aldama y Chalchihuitán/Chenalhó, asesoraba en Pantelhó y formaba parte del Cuerpo Diplomático Mundial de Paz.
Además, denunciaba públicamente la presencia de grupos armados vinculados al crimen organizado en Los Altos. Esas actividades forman parte del contexto que deberá examinar la investigación, pero no acreditan por sí mismas el motivo del asesinato.
La pacificación proclamada enfrenta un cuestionamiento concreto. Días antes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la zona “se ha pacificado muchísimo” y sostuvo que los desplazamientos no corresponden necesariamente a grupos delictivos, sino a conflictos agrarios. El homicidio de un defensor protegido exige algo más que reiterar esa lectura.
En octubre, pobladores de Fracción Tzanembolom denunciaron control armado, cobros para municiones, amenazas, homicidios no investigados y presión para que menores consuman droga; señalaron a estructuras ligadas al CJNG. A esas denuncias se suman la disputa entre El Machete y Los Herrera, las emboscadas a fuerzas de seguridad y los desplazamientos masivos de 2022 y 2024: ¿cómo incorpora el diagnóstico oficial estas expresiones de violencia?
La promesa del fiscal queda ahora sometida a una prueba verificable: esclarecer el asesinato y determinar responsabilidades. También queda abierta una exigencia para el gobierno federal: explicar por qué las medidas asignadas a un defensor con amenazas advertidas internacionalmente no bastaron para preservar su vida.
Agencia ANSIC.MX
