Morena votó contra una propuesta que exigía acreditar intervención criminal determinante. Cuatro meses antes, el Congreso había aprobado la nulidad por injerencia extranjera: ¿qué justifica ese trato distinto?
México.- El Congreso de Tamaulipas rechazó el 28 de octubre de 2026, sin turnarla a comisiones, una iniciativa para declarar nulas las elecciones de alcaldes y diputados locales cuando se acreditara una intervención grave, dolosa y determinante de la delincuencia organizada. Morena votó en contra de la propuesta del diputado panista Ismael García Cabeza de Vaca, mientras que cuatro meses antes el mismo Congreso había aprobado la nulidad por injerencia extranjera.
El contraste exige una explicación: ¿por qué admitir una causal frente a la intervención extranjera y cerrar el paso, incluso al análisis en comisiones, a otra dirigida contra la intervención criminal? La iniciativa rechazada no planteaba anular elecciones por la sola presencia territorial de grupos delictivos.
La reforma al artículo 20 de la Constitución estatal exigía acreditar una relación concreta entre la injerencia criminal y el resultado electoral. Contemplaba amenazas a candidatos, financiamiento ilícito, intimidación de funcionarios, veto de aspirantes o coacción del voto que afectaran de manera grave, dolosa y determinante la libertad, autenticidad o integridad del sufragio.
El documento incorporaba cifras nacionales: entre 2019 y agosto de 2026 se registraron 3 mil 42 amenazas, asesinatos, ataques, desapariciones y secuestros contra personas del ámbito político o gubernamental atribuidos a la delincuencia organizada. También señalaba que en el proceso 2023-2024 hubo 130 actos de violencia contra candidatos, incluidos 34 asesinatos. Son los datos expuestos en la iniciativa, no un recuento exclusivo de Tamaulipas.
Como antecedente local, la propuesta retomaba las denuncias del PAN sobre presuntos vínculos y financiamiento ilícito en la elección de gubernatura de 2022. El Tribunal Electoral validó el triunfo de Américo Villarreal porque consideró que las pruebas no acreditaban un impacto determinante; los señalamientos, por tanto, no equivalen a una intervención criminal judicialmente acreditada con ese alcance.
Ese antecedente vuelve central la discusión sobre las pruebas, no la elimina. Si la propuesta exigía acreditar tanto la intervención como su efecto determinante, ¿qué objeciones justificaban rechazarla sin enviarla a comisiones? La decisión dejó sin ese análisis una herramienta propuesta contra la coacción criminal del sufragio, después de que el Congreso sí abrió la puerta a la nulidad por injerencia extranjera.
Agencia ANSIC.MX
