El PRI denunció un ultimátum criminal contra habitantes de El Triunfo. La Fiscalía no ha establecido el móvil: ¿conocían las autoridades las amenazas y qué protección ofrecieron?
México.- El regidor priista Adán Rodríguez Ávalos y su esposa, Martha Reyes Salinas, fueron asesinados en una emboscada en El Triunfo, municipio de Indaparapeo, Michoacán; su hijo sobrevivió con heridas de bala. El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, denunció amenazas criminales previas contra el funcionario y la comunidad, una acusación que exige esclarecer qué sabían las autoridades y cómo respondieron. La Fiscalía General del Estado no había identificado públicamente a los responsables ni establecido el móvil del doble homicidio.
El ataque ocurrió la noche del miércoles 28 de octubre, alrededor de las 21:45 horas, en la calle Prolongación Bravo. Hombres armados interceptaron la camioneta en la que viajaba la familia y dispararon contra sus ocupantes.
Martha Reyes Salinas, de 53 años, murió en el lugar; Rodríguez Ávalos, de 58, falleció posteriormente mientras recibía atención médica. Su hijo, Jesús Rodríguez Reyes, sobrevivió con heridas de bala en el brazo, la cadera y una rodilla.
La denuncia del PRI plantea una amenaza que rebasa a una sola familia. Según Valencia Reyes, días antes de los asesinatos, integrantes de un grupo criminal dieron al regidor y a los habitantes de El Triunfo un ultimátum de tres días: abandonar sus viviendas, pagar cuotas de extorsión o entregar a un familiar para incorporarlo a la organización delictiva. El dirigente aseguró que Rodríguez Ávalos se había resistido a esas exigencias.
La gravedad de esa acusación no permite convertirla automáticamente en una explicación comprobada del ataque. La Fiscalía inició las investigaciones, pero no había confirmado que las amenazas fueran el motivo de los asesinatos ni establecido qué organización los perpetró. Aunque la región enfrenta disputas entre grupos delictivos, atribuirles este crimen sin pruebas sustituiría la investigación por especulaciones.
El vacío de información deja preguntas concretas: ¿las autoridades conocían las amenazas?, ¿recibieron denuncias formales?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las familias señaladas? Si se corrobora el ultimátum denunciado, ¿qué respuesta hubo ante la presunta exigencia de pagar por permanecer en una comunidad o entregar a un familiar?
El Ayuntamiento de Indaparapeo lamentó públicamente los asesinatos, mientras dirigentes priistas exigieron justicia y responsabilizaron políticamente a los gobiernos de Morena por el deterioro de la seguridad. Esos señalamientos pertenecen a la confrontación partidista y no acreditan, por sí mismos, responsabilidades penales o administrativas. Tampoco el origen opositor de la denuncia permite eludir las preguntas sobre la protección de la población.
Las condolencias no responden qué ocurrió antes de la emboscada ni qué protección tendrán los habitantes después. ¿Qué presencia mantienen el gobierno de Michoacán, las autoridades municipales y las instituciones federales de seguridad en las comunidades amenazadas? La investigación debe esclarecer el doble homicidio, identificar a sus autores materiales e indagar quiénes pudieron ordenarlo, sin dar por probado un móvil que todavía no ha sido establecido.
Agencia ANSIC.MX
