El material atribuye a medios y exempleadas acusaciones de abusos laborales; también recoge quejas universitarias. El discurso de recuperación exige respuestas específicas, no sustituye la rendición de cuentas.
México.- Edith Santibáñez Bohórquez asumió en septiembre de 2026 la rectoría de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO), después de que medios y una legisladora federal difundieran denuncias de presuntos abusos laborales durante su gestión en la Secretaría del Trabajo de Oaxaca, según el material periodístico proporcionado. Ese texto no aporta una respuesta directa y documentada a los señalamientos: el discurso de recuperación universitaria deja abierta una exigencia elemental de rendición de cuentas.
El nombramiento, referido por Ciudadanía Express en una publicación del 2 de septiembre de 2026, ocurrió en sustitución de Saúl del Toro Zapién, tras un paro docente. De acuerdo con el material, se trata de la tercera rectoría en el sexenio, un relevo que obliga a preguntar qué criterios respaldaron la designación y cómo se atendieron los señalamientos previos.
Las denuncias laborales no equivalen a hechos judicialmente acreditados, pero tampoco quedan respondidas con un cambio de cargo. El texto recibido, firmado por Froylán Méndez Ferrer, atribuye a Reforma y a la diputada federal del PT Margarita García García denuncias de que personal de confianza, incluidas mujeres con cargos de dirección, realizaba labores domésticas en el domicilio particular de la entonces secretaria.
Según esas denuncias, las tareas incluían trapear, lavar ropa, ordenar y cocinar, con jornadas que comenzaban a las 7 de la mañana y terminaban cuando la funcionaria lo decidía. El material cita una publicación de Reforma del 5 de febrero de 2026 y reportes de Político.mx y Luces del Siglo sobre los señalamientos de la legisladora.
También refiere una investigación de Primera Línea, publicada por María de los Ángeles Nivón el 3 de febrero de 2026, que recogió testimonios de exempleadas sobre presuntos insultos, amenazas de boletinaje para impedirles conseguir trabajo y la imposición de tareas personales adicionales a las de sus cargos. Entre las expresiones atribuidas a la funcionaria aparecen “¡Eres una calabaza!” y “no sirves para nada”.
De acuerdo con los testimonios citados en ese trabajo, de bonos de alrededor de 25 mil pesos se exigía devolver 19 mil y conservar solo 6 mil. Las exempleadas también señalaron retenciones de aguinaldo y partes del salario, así como depósitos a terceros, entre ellos un chofer; atribuyeron a Santibáñez Bohórquez el argumento de que “ese dinero no les correspondía”.
El material sostiene que la investigación periodística describió comprobantes y testimonios, pero estos no se adjuntan al texto recibido. Por ello, las presuntas retenciones deben mantenerse como señalamientos atribuidos, no como delitos acreditados; la pregunta incómoda sigue siendo qué aclaración y revisión institucional recibieron.
La misma fuente recoge acusaciones de nepotismo por un tío en un cargo de confianza y un yerno supuestamente en nómina sin laborar. También menciona un presunto incremento patrimonial, relacionado con una vivienda de grandes dimensiones cerca del aeropuerto y la construcción de una casa de la hija, además del supuesto resguardo en una bodega privada de apoyos para damnificados del huracán Erick que no habrían sido entregados: despensas, ropa donada por “Cuidado con el Perro” y láminas.
Según el texto de origen, ni la Secretaría del Trabajo ni el gobierno estatal emitieron una postura formal sobre esos señalamientos. Esa referencia no permite concluir que no exista investigación alguna, ni convierte el silencio reportado en prueba de responsabilidad.
En la universidad, las quejas también requieren respuestas verificables. Las páginas de Facebook “LA UTVCO AL DESCUBIERTO” y “SOS UTVCO”, citadas por publicaciones de septiembre-octubre de 2026, denunciaron baños insalubres y señalaron que 700 estudiantes pagaron 500 pesos para el EGETSU, pero el examen no se realizó, sin devolución reportada en el material.
Esas páginas también difundieron señalamientos sobre presuntas investigaciones o intimidación contra quienes critican y trato punitivo hacia estudiantes madres. El texto recoge, además, exigencias de claridad sobre sueldos pendientes de personal despedido; son quejas cuya procedencia y alcance requieren comprobación, no descalificaciones automáticas ni aceptación sin contraste.
La rectora, según el material, ha respondido con un discurso de recuperación y diálogo, mientras la narrativa oficial alude al “abandono” encontrado, los “tequios” y las “puertas abiertas”. Esa postura debe consignarse, pero no constituye por sí misma una explicación específica sobre los pagos del examen, los salarios reclamados o las denuncias de intimidación.
El texto proporcionado afirma que no se ha localizado una respuesta directa y documentada a esas quejas. Su alcance es ese: no acredita la inexistencia absoluta de respuestas ni permite dar por probadas todas las acusaciones.
La exigencia de rendición de cuentas no necesita convertir denuncias en sentencias. ¿Qué criterios sustentaron el nombramiento, qué revisión recibieron los señalamientos laborales y qué solución documentada existe para los reclamos universitarios? Frente a preguntas concretas, las consignas de unidad y recuperación resultan insuficientes.
Agencia ANSIC.MX
