Los señalamientos sobre un supuesto pacto criminal en Chihuahua escalaron hasta la Presidencia, pero su sustento documental sigue pendiente frente a las versiones políticas enfrentadas.
México.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acusó públicamente a Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, de mantener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa desde 2021. El señalamiento intensificó la confrontación con el Gobierno federal, aunque la propia mandataria reconoció el 23 de octubre, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, que todavía no había presentado pruebas para sustentarlo.
Según Campos, el supuesto acuerdo habría permitido actividades relacionadas con el tráfico de drogas y laboratorios clandestinos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, a cambio de protección electoral. Posteriormente, la gobernadora prometió entregar los elementos que aseguró tener, por lo que la presentación y corroboración de esas pruebas permanece como el punto pendiente de la controversia.
La disputa llegó hasta la Presidencia después de que Campos relatara una reunión privada con Claudia Sheinbaum, celebrada en septiembre en el aeropuerto de Ciudad Juárez. De acuerdo con la gobernadora, durante ese encuentro expuso sus sospechas sobre las presuntas relaciones de Montiel con organizaciones criminales.
Sheinbaum confirmó el 23 de octubre que ambas habían discutido y que Campos había mencionado esos señalamientos. La presidenta sostuvo que pidió pruebas y que, hasta ese momento, no se habían presentado; también defendió públicamente a Montiel, a quien describió como una mujer honesta.
Las dos posiciones tienen un alcance distinto al de una acreditación judicial: las declaraciones de Campos no demuestran por sí mismas el supuesto pacto, mientras que la defensa política de Sheinbaum tampoco sustituye una investigación ministerial. La información disponible no acredita que Montiel haya celebrado esos acuerdos ni identifica una resolución judicial que establezca su participación en actividades criminales.
Campos ubicó el presunto acuerdo después de las elecciones de 2021 en Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara. También aseguró que Montiel adquirió propiedades en la capital estatal y terrenos en Guachochi, pero no hizo públicos documentos que permitieran confirmar la titularidad, las fechas, el origen de los recursos o las circunstancias de esas supuestas adquisiciones.
Esos señalamientos patrimoniales tampoco permiten, por sí solos, establecer una relación con actividades criminales: la tenencia legal de una propiedad no constituye evidencia de esa participación. Para evaluar la acusación central sigue pendiente conocer si los elementos anunciados por Campos documentan comunicaciones, acuerdos, financiamiento o conductas específicas que puedan corroborarse mediante los procedimientos legales correspondientes.
Agencia ANSIC.MX
