Informe conjunto de ONU Mujeres y el INE revela que la violencia política de género afecta al 96% de candidatas en México, con altos índices de violencia psicológica, económica y física, y una preocupante impunidad institucional.
El Inegi revela que más de 660 mil hogares mexicanos han sufrido desplazamiento forzado interno, principalmente por violencia y desastres, evidenciando una crisis humanitaria que exige respuestas integrales.
El INEGI documenta por primera vez el desplazamiento forzado interno en Quintana Roo, con más de 34 mil personas desplazadas por la violencia entre 2020 y 2025, evidenciando una crisis de derechos humanos y seguridad en el estado.
La crisis humanitaria de desaparecidos en México supera las 133 mil personas, evidenciando desafíos políticos y sociales. Expertos internacionales respaldan acciones para enfrentar esta problemática nacional.
El estudio sobre brechas educativas en Oaxaca destaca desigualdades territoriales y sociales, proponiendo políticas públicas con perspectiva de derechos humanos e interseccionalidad para garantizar educación inclusiva y equitativa en el estado.
México registra un aumento significativo en demandas contra la prensa en 2025, enmarcado en una tendencia mundial de criminalización judicial de medios y periodistas. El contexto nacional e internacional refleja riesgos para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Amnistía Internacional denuncia violaciones a derechos humanos en Jalisco durante protestas por escasez de agua en Guadalajara. Más de 50 detenidos y represión policial.
El Gobierno de Oaxaca, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, implementa programas de capacitación para fortalecer la libertad de expresión y el acceso a la información, promoviendo un entorno seguro para los periodistas en la entidad.
En Oaxaca, periodistas exigen que ninguna ley de protección al ejercicio periodístico sea aprobada sin el consenso total del gremio, tras la falta de avances en justicia y protección luego del asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar.
La familia Velasco, defensores tseltales de derechos humanos en Chiapas, enfrenta desplazamiento, detenciones arbitrarias y la liberación de agresores sin explicación gubernamental tras ataques en 2021.
