La Encuesta Intercensal del INEGI revela un aumento preocupante en el desplazamiento interno por violencia en Quintana Roo, exponiendo una crisis social oculta que afecta a miles de familias y desafía la respuesta institucional.
La más reciente Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha evidenciado un fenómeno hasta ahora poco reconocido en Quintana Roo: el desplazamiento forzado interno (DFI) motivado por la violencia y la inseguridad asociada al crimen organizado. Según los datos, entre octubre de 2020 y octubre de 2025, aproximadamente 34 mil 300 personas, distribuidas en cerca de 11 mil 800 hogares, tuvieron que abandonar sus comunidades en una situación que afecta tanto áreas urbanas como rurales, incluyendo destinos turísticos clave del estado. Históricamente, este fenómeno fue encubierto bajo términos como “migración laboral” o “cambio de residencia”, una práctica que limita la visibilidad del problema real y frena una reacción institucional adecuada. En términos nacionales, el incremento en desplazamientos internos por violencia en México supera el 140 % en la última década, y Quintana Roo se inserta en esta dinámica alarmante aunque frecuentemente ocultada. La gravedad del desplazamiento forzado trasciende la pérdida de vivienda; implica la ruptura de empleo, redes sociales y planes de vida, con especial impacto en mujeres y niños que enfrentan además violencia de género y un proceso de exclusión social. Expertos en derechos humanos advierten que la omisión estatal representa un incumplimiento constitucional y subrayan la necesidad urgente de desarrollar políticas públicas que reconocen y atiendan esta realidad, dejando atrás discursos que minimizan la magnitud de la crisis. Asimismo, las comunidades que reciben a las personas desplazadas experimentan presión en servicios públicos y conflictos por estigmatización, lo que dificulta la integración social. Esta situación desafía la narrativa oficial y pone en cuestión las prioridades en un estado emblemático para el turismo internacional. La evidencia del INEGI demanda un replanteamiento profundo en la protección de derechos humanos y la seguridad pública para evitar que esta tragedia social siga incrementándose en México.
