Una fuente local atribuye el desplazamiento a la Nueva Familia Michoacana. El miedo a denunciar exige escrutinio, pero el material tampoco aporta expedientes ni contraste oficial.
México.- Más de 70 familias habrían sido desplazadas de comunidades ubicadas a ambos lados del río Balsas, en Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, por la Nueva Familia Michoacana, según un promotor educativo de la región que permanece anónimo. El testimonio describe cesiones de propiedades bajo amenazas de tortura o muerte: un señalamiento grave que exige investigación, pero que el material disponible no contrasta con denuncias formales ni respuestas oficiales.
De acuerdo con esa fuente, los propietarios son citados a reuniones obligatorias y trasladados a ranchos controlados por el grupo, donde los fuerzan a firmar cesiones e incluso hojas en blanco. El relato sitúa un episodio el 8 de octubre en Santo Domingo, Coyuca de Catalán, Guerrero, bajo presuntas órdenes de un José Pineda, y otro el 14 de diciembre del año anterior en San Jerónimo, San Lucas, Michoacán. No precisa el año calendario de esos dos hechos.
El señalamiento no se limita al cobro de extorsiones: describe un avance hacia el control de la producción. Según el relato, desde 2013 se impusieron el cobro de piso y la venta únicamente a compradores autorizados; hacia 2017, el control alcanzó insumos como granos, forraje y paja, además de los compradores permitidos por el jefe de plaza. Ahora, la fuente atribuye al grupo el control directo de tierra, agua, ganado y comercialización, junto con robos de animales a gran escala y empresas que podrían servir para lavar dinero, una posibilidad no acreditada en el material.
La información vincula a la Nueva Familia Michoacana con los hermanos Hurtado Olascoaga, conocidos como El Pez y El Fresa, sancionados por Estados Unidos y con recompensas de hasta cinco y tres millones de dólares. También refiere antecedentes de desplazamientos, incursiones y ataques con drones en Guajes de Ayala, Coyuca de Catalán, en junio-julio 2026, así como denuncias sobre más de 100 posibles cautivos en El Balcón, Ajuchitlán. Según esa versión, los cautivos serían trasladados entre bodegas y ranchos para establecer bases territoriales frente a rivales como el CJNG.
La posible intervención institucional es una pregunta pendiente, no una complicidad demostrada. El material atribuye a Balderas el señalamiento de que formalizar las propiedades requeriría acceso o tolerancia en registros agrarios, municipales o del Registro Público, pero no identifica funcionarios ni exhibe expedientes. ¿Se han inscrito esas cesiones y, de ser así, quién verificó las condiciones en que fueron firmadas?
La fuente sostiene que las víctimas no denuncian por miedo a represalias y por sospechas de protección institucional al grupo. Esa explicación obliga a preguntar qué condiciones existen para denunciar sin exponerse; no permite, por sí sola, dar por probada la colusión. La falta de denuncias formales tampoco basta para descartar el relato: el reto es investigarlo y proteger a quienes puedan aportar pruebas, sin convertir los vacíos de información en una coartada para la indiferencia.
Agencia ANSIC.MX
