El resolutivo no es plenamente público tras 31 insuficiencias graves detectadas por Semarnat. Asipona niega obras del nuevo puerto; el colectivo denuncia dragas, aceite y animales muertos.
México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el 7 de octubre que la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto Puerto Nuevo Manzanillo-Cuyutlán está aprobada, aunque el resolutivo no es plenamente público. La declaración no despeja una pregunta central: ¿cómo se atendieron las 31 insuficiencias graves que Semarnat identificó en julio de 2026?
El proyecto, impulsado por Asipona (Semar), pretende ampliar el recinto de aproximadamente 450 a 1 880 hectáreas en el vaso II de la Laguna de Cuyutlán, mediante dragados, rellenos y cinco terminales. Las inversiones anunciadas superan los 100 mil millones de pesos; la magnitud económica no sustituye la obligación de explicar sus consecuencias ambientales.
La laguna es el cuarto humedal más importante de México y Sitio Ramsar desde 2011. Alberga el 90 % de los ecosistemas marinos de Colima y sostiene a más de 30 cooperativas pesqueras, productores de camarón y mil 500 familias salineras cuya actividad artesanal supera el siglo.
El expediente ambiental exige explicaciones, no declaraciones de suficiencia. En diciembre de 2025, Semarnat rechazó una MIA por información insuficiente; en julio de 2026 identificó omisión de canales, afectaciones no sustentadas a manglar y falta de evidencia de protección del Ramsar en los vasos III y IV. El 30 de septiembre emitió la resolución final y la turnó al Espacio de Contacto Ciudadano.
Ante Yerania Valencia, vocera de Salvemos Cuyutlán, Sheinbaum respondió el 7 de octubre que “ya está aprobada la MIA”. Sin acceso pleno al resolutivo, ¿qué condiciones se impusieron y qué evidencia permitió superar las deficiencias señaladas?
Días después, el colectivo documentó tres o cuatro dragas en el vaso II, manchas de aceite y animales muertos. Estos reportes requieren esclarecimiento: por sí solos no acreditan que la maquinaria construya el nuevo puerto ni establecen la causa de las muertes.
Asipona negó el 21 de octubre que las máquinas realizaran dragado para el proyecto y sostuvo que se trataba de limpieza y mantenimiento autorizados del canal de acceso. Aseguró que “ningún trabajo relacionado con la construcción del nuevo puerto será realizado sin contar con los permisos correspondientes”.
El deslinde no aclara cuáles son los permisos vigentes ni el origen del aceite denunciado. Profepa no ha respondido públicamente a la denuncia: ¿qué verificación permitirá distinguir el mantenimiento autorizado de posibles afectaciones ambientales?
Salvemos Cuyutlán interpuso un amparo contra los decretos que delimitan el puerto y contra omisiones ambientales. También denuncia fragmentación de la MIA, consulta excluyente y presiones a concesionarios para no renovar permisos; estas acusaciones deben distinguirse de hechos acreditados.
El conflicto también alcanzó el discurso presidencial. En septiembre, durante un acto en Colima, Sheinbaum calificó de “PRIAN” a quienes gritaban “¡Fuera!”; el colectivo respondió que acudieron cerca de 300 personas y exigió una disculpa y consulta previa, libre e informada.
Los intercambios hídricos entre vasos plantean un riesgo para el sistema completo ante la intervención en el II, en una laguna ya presionada por la termoeléctrica de CFE. La pregunta incómoda sigue abierta: ¿cómo se garantizará la protección del humedal y de quienes dependen de él si las condiciones completas de la autorización no están a la vista?
Agencia ANSIC.MX
