Nueve de cada diez menores enfrentan al menos dos riesgos climáticos simultáneos. El ajuste previsto para 2027 confronta la protección legal del medio ambiente con las necesidades que documenta Unicef.
México.- El gobierno federal proyecta recortar casi 27 % el presupuesto climático para 2027, mientras nueve de cada diez niñas, niños y adolescentes en México están expuestos simultáneamente a al menos dos riesgos climáticos, según el estudio de Unicef La infancia y adolescencia frente al cambio climático en México, publicado en octubre de 2026. La asignación prevista sería la más baja del sexenio: una decisión presupuestaria que exige explicar cómo se atenderán las necesidades de protección que documenta el informe.
México ocupa el lugar 54 de 200 en el Índice de Riesgo Climático de la Infancia. Los menores de cinco años y quienes habitan el suroeste concentran la mayor vulnerabilidad; en esa región coinciden pobreza extrema, exclusión de comunidades indígenas y fenómenos meteorológicos recurrentes. De acuerdo con Unicef, las amenazas ambientales y las carencias sociales limitan la capacidad de la infancia para prevenir los impactos y recuperarse.
Los datos de salud impiden reducir el problema a una advertencia lejana. Un incremento del 10 % en la precipitación máxima acumulada en cinco días se asocia con un aumento de 0.9 % en la mortalidad infantil total, de 1.9 % en las muertes por enfermedades diarreicas y de 0.8 % en las defunciones de menores de cinco años. Las olas de calor elevan en 1 % la mortalidad infantil por enfermedades respiratorias.
El daño también alcanza la educación: los eventos extremos reducen la matrícula de primer grado en 2.6 % entre niñas y 2.4 % entre niños. En segundo grado, la caída es de 1.5 % para las niñas. A estas afectaciones se suma una carencia básica: más de una quinta parte de los planteles de educación básica carece de agua potable.
En las últimas cinco décadas, la temperatura media nacional subió cerca de 0.85 °C. Las proyecciones apuntan a un aumento de entre 2 y 2.5 °C entre 2041 y 2060, con mayor frecuencia e intensidad de huracanes, sequías, inundaciones, olas de calor e incendios. Hacia 2050, el valor presente de la mortalidad y morbilidad infantil adicional podría alcanzar entre 411 y 888 millones de pesos, según el escenario de emisiones.
El reconocimiento legal existe: la Constitución establece el derecho a un medio ambiente sano y el país cuenta con la Ley General de Cambio Climático de 2012. Pero esa protección formal no resuelve las deficiencias que señala Unicef: el informe considera insuficientes las políticas actuales y subraya la falta de inversión en infraestructura esencial, protección social ampliada y estrategias que coloquen a niñas, niños y adolescentes en el centro de la adaptación.
La contradicción entre las necesidades documentadas y el recorte proyectado exige respuestas, no una nueva declaración de principios. ¿Cómo atenderá el gobierno federal esas carencias con una asignación menor? ¿Qué protección concreta recibirán la primera infancia y las comunidades del suroeste, donde se concentra la vulnerabilidad que identifica el estudio?
Agencia ANSIC.MX
