Defensa y Marina participarán en decisiones sobre capital extranjero. La defensa oficial de la soberanía deja preguntas abiertas sobre el umbral de revisión y los límites del criterio de seguridad nacional.
México.- Con 314 votos a favor y 117 en contra, los diputados de Morena, PT y PVEM aprobaron el 27 de octubre de 2026 una reforma a la Ley de Inversión Extranjera que incorpora a Defensa y Marina con voz y voto permanente en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE). La decisión les otorga participación en el filtro de determinadas operaciones de capital extranjero, mientras deja en manos de la propia comisión definir el umbral de activos que activará su revisión.
La reforma también incorpora con voz y voto permanente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La CNIE pasa de 10 a 13 integrantes y el dictamen fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación.
La comisión evaluará y podrá autorizar, condicionar o bloquear adquisiciones extranjeras superiores al 49 % del capital de empresas mexicanas cuyos activos rebasen el umbral que ella misma definirá. La revisión abarcará empresas que operen en sectores estratégicos: energía, minería, inteligencia artificial, ciberseguridad, almacenamiento de datos e infraestructura crítica.
Las facultades no se limitan a aprobar o rechazar operaciones: la CNIE también podrá ordenar la venta de activos e imponer multas de hasta 200 mil UMA. Ante ese alcance, la pregunta es ineludible: ¿con qué criterios se fijará el umbral y qué límites impedirán que la seguridad nacional se convierta en una justificación para vetar decisiones económicas de manera arbitraria?
La oposición denunció militarización de la economía y posibles trabas a la inversión. Gibrán Ramírez Reyes (MC) cuestionó por qué los generales tendrán voto permanente en todos los asuntos, mientras las agencias de inteligencia solo intervienen en temas de seguridad nacional, y expresó: “No a militarizar la inversión”.
El contraste está en las atribuciones: la Fiscalía, el Centro Nacional de Inteligencia, el SAT y la UIF solo tendrán voz, sin voto, en asuntos de seguridad nacional. María Angélica Granados (PAN) afirmó que convertir la inversión productiva en “objeto de sospecha permanente” no protege la seguridad, sino que ahuyenta empleos; ese efecto constituye una advertencia de la legisladora, no un resultado acreditado.
El oficialismo defendió la reforma con los argumentos de la rectoría del Estado y la protección de la soberanía. Sin embargo, esa defensa deja abierta una cuestión central: ¿por qué la participación militar debe ser permanente y no limitarse a los asuntos vinculados con seguridad nacional?
La reforma contempla un plazo de 45 días hábiles para resolver y la presentación de informes cuatrimestrales al Congreso. Esos mecanismos existen y deben formar parte del escrutinio, pero ¿bastarán para controlar decisiones que pueden bloquear adquisiciones u ordenar ventas de activos, cuando el umbral de revisión queda por definir?
Agencia ANSIC.MX
